Gabalaui

Nuestra sociedad necesita reflexionar sobre qué sociedad queremos y cómo podemos actuar para conseguir aquello que queremos. Esta labor no deja de ser titánica, digna de una epopeya, porque implica consensuar qué valores son los que nos gustaría que imperaran y, por tanto, qué valores se quieren transmitir a nuestros hijos. No sólo esto. También implica modificar las prioridades en este país teniendo en cuenta que la educación no ocupa un lugar destacado en las preocupaciones de nuestros políticos y tampoco en las de gran parte de la sociedad. Aunque el discurso o las reacciones ante determinados hechos gravísimos parezcan contradecir esta afirmación. Ante estos hechos, como las violaciones grupales contra unas niñas en Huelva y en Baena (Córdoba), los guardianes de la moralidad se rasgan las vestiduras y claman contra la supuesta impunidad que gozan, en este caso, los menores que han cometido un delito. En otras ocasiones, cambiaran menores por delincuentes de baja estofa o terroristas o violadores (adultos). No digo que no sea objeto de debate las consecuencias que se deriven de cometer actos delictivos. Todo es debatible y revisable. Pero en este caso se apunta en la dirección equivocada. La cuestión no es rebajar la edad en la que se puede exigir responsabilidad penal al menor sino la reflexión de cuál es la responsabilidad de los adultos en la aparición de hechos como los mencionados. Hoy se rebajaría la edad a los 13 años y mañana se pediría que se rebaje a los 12 pero el marco en el que se producen los delitos no cambiaría. Hablar sobre las penas, sin dejar de ser importante, es una manera muy eficaz de soslayar la responsabilidad real que tenemos los adultos. No es plato de buen gusto situarnos delante de un espejo y observar lo que somos y lo que hacemos y mucho menos desde la reflexión crítica. No creo que la imagen que reflejemos sea positiva.

Hay que alejar esta reflexión crítica de la lucha política e identitaria, aunque nos suponga un esfuerzo ímprobo de consenso. No escapa a nadie que las dificultades que esto supone son inmensas. Vivimos en un país en el que una asignatura como ciudadanía, que enseña valores democráticos y el ejercicio del ser ciudadano, provoca enfrentamientos partidistas, teñidos por la fuerte presencia de valores religiosos que sólo representan a un sector concreto de la sociedad. Un país en el que la comisión de hechos delictivos por nuestros políticos se tiende a justificar por los mismos que a su vez demandan hipócritamente el debate sobre los valores que imperan en nuestra sociedad. Un país, de profundas raíces religiosas, preparado para la confrontación de valores pero no para el diálogo. Un país en el que los adultos esquivan ágilmente las responsabilidades que les son propias y criminalizan a unos niños que son un reflejo de su entorno, de su sociedad, de los valores que se les ha transmitido y del modelo que se les ha enseñado. Un país así, evidentemente, no facilitará la reflexión sobre los valores ni el consenso social sobre los mismos. A pesar de todo esto, se torna urgente el diálogo, el debate, la reflexión sobre qué sociedad queremos construir aunque no soy optimista con respecto a que esto ocurra porque a pesar de las reacciones de la sociedad y las declaraciones de los partidos políticos, que parecen indicar lo contrario, no existe conciencia social de esta necesidad. Sólo surge ante la aparición de hechos socialmente reprobables como los sucedidos estos días. Después de esto, el tiempo, las vacaciones y el fútbol la difumina. O una reforma penal que nos salve la cara.