Gabalaui

¿Puede un juez sustraerse de sus ideas políticas a la hora de decidir sobre casos de marcado carácter político? ¿Puede un juez afín al franquismo dictar sentencias justas sobre casos que tengan que ver con la Guerra Civil española o sobre la restitución moral a las víctimas del terror franquista? Deberíamos hacernos muchas preguntas sobre el funcionamiento de la justicia y la justicia de sus sentencias. Sobre el perfil de un juez o de la judicatura española. Sobre la política y la justicia. Sobre la separación de poderes.

Los partidos políticos defienden la independencia de los jueces pero no dudan en maniobrar para conseguir su cuota de poder dentro de los órganos judiciales que les permita influenciar en las tomas de decisiones sobre aquellos hechos de clara importancia política. En muchos casos esos jueces politizados que mantienen lazos con oscuras épocas pasadas, con grupos políticos concretos y con prestigiosas empresas no necesitan la presión de ningún partido político para dictar aquello que más concorde con su pensamiento, coincidente con el de grupos afines, en detrimento de la más básica justicia. En ese caso ideología particular, cubierta de poder y prestigio social, se alía con posiciones políticas concretas de grupos políticos concretos.

En España hay un tabú jurídico y casi diría que político. Se llama Franquismo. Este país ha construido una democracia no sobre las cenizas de la dictadura sino desde su estructura. Nuestra democracia tiene el esqueleto del franquismo. No es de extrañar, por tanto, que cada vez haya más voces contrarias a aquello que se glorificó como transición por considerarse el plan estratégico que permitió la supervivencia de una dictadura dentro de estructuras aparentemente democráticas. En la medida en que la conciencia democrática de la ciudadanía es mayor, más crítica es, y así debe ser, la visión sobre esa etapa de la historia española protagonizada por personalidades de sólidos vínculos con el régimen dictatorial anterior. La oposición a esta transición es un signo del talante cada vez más democrático de la sociedad, unido al valor específico que proporciona la existencia de varias generaciones nacidas en libertad.

El intento de los nietos de las víctimas del terror franquista de recuperar los restos de sus familiares, enterrados en las cunetas de las carreteras españolas, es una acción necesaria, imprescindible y purificadora para la democracia española. La oportunidad de convertir en polvo los restos del esqueleto franquista pasa por la existencia de estas acciones, por la reprobación sin condiciones de una época negra en la historia de este país y por el descrédito social del armamento ideológico que sustentaba y sustenta al franquismo. No es admisible que jueces franquistas, es decir, personas que defienden o justifican políticas contra las libertades y derechos ciudadanos, tengan la opción de tomar decisiones que afecten directamente a la salud democrática de una sociedad como es la exhumación de víctimas de la barbarie.